Comunicado Atentado a Jueces

El Consejo Directivo Provincial del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe hace saber su estado de extrema preocupación ante la reiteración de atentados con armas de fuego a domicilios vinculados con Magistrados que han intervenido en causas de gran relevancia pública en la ciudad de Rosario.  En particular, expresa su solidaridad con la Dra. Marisol Usandizada frente a los hechos de que ha sido víctima y que son de público conocimiento.

 

Tales acciones violentas han generado un cuadro de situación revelador de un alarmante déficit en la actuación de los organismos de seguridad provincial.

 

No puede tolerarse la proliferación de acciones armadas sin ningún tipo de respuesta  por parte de las fuerzas provinciales en tratar de prevenir la escalada de hechos violentos que se está produciendo.

 

Llama la atención, asimismo, la evidente falta de eficacia de las respuestas que pretenden ser articuladas desde los órganos ejecutivos provinciales responsables de la seguridad de la ciudadanía en general y, en particular, de la seguridad mínima indispensable para el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado, esto es, el Poder Judicial.

 

Por otro lado, cabe poner de relieve la falta de avances tangibles en las tareas de investigación que se vienen llevando adelante por el Ministerio Público de la Acusación de los distintos hechos acontecidos desde hace ya dos meses.

 

Todo ello ha llevado a la configuración de una situación por completo inédita que no guarda similitud con ninguna otra que pueda observarse en el resto de las ciudades y provincias argentinas. 

 

Frente a la extrema gravedad de estas circunstancias, el Colegio de Magistrados y Funcionarios cumple con su deber institucional de exigir al Gobierno Provincial a fin de que, en lo inmediato, proceda a asumir las responsabilidades que le competen y, en consecuencia, a revisar, atento a la innegable falta de resultados, el sentido y alcance de las medidas que hasta el presente se han adoptado a fin de revertir el evidente proceso de deterioro en los estándares de seguridad indispensables para la normal prestación del servicio de justicia.

 

Nuestra Institución no cesará en su tarea de reclamar ante todos los niveles de poder estatal, tanto provincial como nacional, la adopción de las medidas que resulten necesarias en pos del objetivo antes mencionado.